El Ayuntamiento de Ponferrada expide la excepcional orden de continuidad, para que la empresa FCC mantenga la gestión de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras. Se fija un coste límite global de 2’2 millones de euros. La oposición, especialmente beligerante, ha llegado a reclamar dimisiones.
Ocurría en el pleno de esta mañana, que aportaba un paréntesis en el ambiente festivo.
Desde el equipo de gobierno, la portavoz del Partido Popular, Lidia Coca, confesaba que no es la solución ideal pero no queda otra dado que aún se trabaja en el pliego para el nuevo contrato.
Su socio, el bercianista Iván Alonso, justificaba la lentitud de un proceso que es, dijo, difícil.
Los votos del equipo de gobierno fueron suficientes. La oposición se abstuvo y expuso exigencias. Especialmente radical, la portavoz de Vox, Patricia González, reclamaba dimisiones en el equipo de gobierno.
El PSOE compartía la exigencia de responsabilidades políticas y apuntaba, específicamente, al concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Carlos Fernández, en cuya área están ahora, con órdenes de continuidad, los servicios de basura y limpieza, además del transporte de los autobuses urbanos.
No hubo respuesta del alcalde, quien posteriormente quiso cobrarse una venganza, a la hora de aprobar, aquí ya por unanimidad, la petición para que UNICEF vuelva a declarar Ponferrada como “Ciudad Amiga de la Infancia”, a fin de promover los derechos del niño. Un reconocimiento que se perdió hace cuatro años, ya que el anterior equipo de gobierno se despreocupó de ello, como recriminaba la portavoz del PP y asumía, después, el ex alcalde.
Antes, se aprobó la modificación de las ordenanzas que regulan el funcionamiento de la plaza de abastos. El concejal del Mercado, David Pacios, defendía el propósito de volver a llenar el edificio, que tiene vacíos más de la mitad de sus puestos.
El acuerdo se tomaba con los votos del PP, Coalición por el Bierzo y Vox. El PSOE se abstuvo, argumentando que ese cambio esconde un incremento de hasta el 72 por ciento en la tasa que deberán pagar los comerciantes que quieran abrir un puesto en la plaza.
Replicó el concejal del Mercado. David Pacios aclaró que la ocupación de los puestos conlleva costes bajos, que cifró entre 103 y 189 euros, y generan una recaudación que no cubre ni la cuarta parte de gastos del edificio, que se sitúan por encima de 400.000 euros.
Aprovechando el debate, los socialistas incorporaron la demanda para que se cumpla el acuerdo del pleno forzado por el PSOE en junio del año pasado, y cambiar el sistema de cobro por la instalación de los puestos exteriores del mercadillo. Olegario Ramón amenazaba al alcalde con pedir responsabilidad penal.
El concejal del Mercado matizó, en su respuesta, que aquel pleno solo acordó iniciar el expediente para cambiar esa norma.
La sesión comenzó con un minuto de silencio en señal de respeto y recuerdo a las dos mujeres fallecidas en la riada del pasado 15 de agosto en Manzanedo de Valdueza y la lectura de una declaración institucional que manifiesta la solidaridad con sus familias y todos los afectados. Además aboga por el entendimiento de todas las administraciones para la reparación de los numerosos desperfectos causados por aquella catástrofe.
Foto: César Sánchez
Después, resurgía el enfrentamiento político, cuando la corporación discutía una moción del PSOE, que reclama a la Junta de Castilla y León, la inclusión de Carracedo de Compludo en la zona afectada por aquella grave emergencia. El grupo de gobierno votó en contra, advirtiendo que esa solicitud ya ha sido elevada al gobierno autonómico. Pero salió adelante con los votos de PSOE y Vox. El socialista Olegario Ramón se preocupó de citar las necesidades de ese pueblo y su carretera de acceso.
Reaccionó airado el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, quien redobló sus insistentes críticas a la Diputación por su negativa a asumir y reparar todas las carreteras en la zona de la Valdueza.
La portavoz del PP, Lidia Coca, terminó acusando al PSOE de practicar “política basura”.
