Y así se planteaba en la reunión de la junta de gobierno de la Asociación de Municipios en Transición Justa, la nueva denominación de ACOM, celebrada hoy en la localidad berciana de Igüeña.
Allí, los representantes de los antiguos territorios carboneros ratificaban su visto bueno al texto que se aprobó en verano en Madrid, donde se pide que las administraciones superiores aceleren sus compromisos de reindustrialización de las comarcas donde cerraron las minas de carbón y las centrales térmicas.
Entre sus demandas, destaca la exigencia de que el Gobierno central incluya en los Presupuestos Generales del Estado, un fondo específico para ello. La declaración aprobada advierte que es imprescindible hacer realidad los anuncios y que las inversiones sean efectivas para garantizar «empleo estable y oportunidades reales». Se pide que la Transición sea considerada una “Política de Estado” y que haya dinero para que las cosas cambien, indicaba la presidenta de la asociación, la asturiana Gemma Álvarez, quien añadía que hay muchos territorios a los que no ha llegado ni un solo euro».
El anfitrión de la reunión de hoy, Alider Presa, alcalde de Igüeña, aportó otro argumento fundamental cuando explicó que los municipios «mineros» necesitan colaboración para poder sacar adelante sus obras y proyectos, dado que muchas de sus licitaciones están quedando desiertas porque no hay empresas que estén interesadas en llevarlas a cabo. Por eso, Alider Presa, planteó la posibilidad de que sociedades públicas como Tragsa o Somacyl se impliquen en estas actuaciones.
En esa declaración institucional, las antiguas comarcas mineras, ahora renombradas como «Territorios en Transición» y amparadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclaman incentivos para atraer nuevas empresas, reforzar las infraestructuras de transporte y los servicios públicos, más formación y simplificar los trámites burocráticos.
