Hoy, el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó la cesión de una parcela en la Rosaleda para que la Junta de Castilla y León edifique hasta ochenta pisos. Y el respaldo de Vox se justificó en la incorporación de dos exigencias para poder acceder a dichas viviendas: empadronamiento de más de diez años en España y no tener antecedentes por okupación o allanamiento.
Los concejales de Vox defendían, a través de su portavoz, Patricia González, que Ponferrada entra en los argumentos de su “prioridad nacional”, después de que por primera vez el PP local «suelta la mano del socialismo. Hoy damos el primer paso a la Prioridad Nacional en Ponferrada. Vamosa favorecer a ponferradinos, bercianos y españoles», proclamó.
Y ese argumento sirvió de primera justificación para el voto negativo del PSOE, por entender que cierra puertas a algunos colectivos. Y ahí, su portavoz, Olegario Ramón, señalaba y, casi, desafiaba directamente a la concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, del Partido Popular, y de origen sudamericano. Antes, el jefe de la oposición alertó del riesgo de especulación, si los beneficiarios decidieran vender esos pisos dentro de treinta años; criticó la concentración de las viviendas «pero no servicios» en La Rosaleda y terminó advirtiendo que este acuerdo solo es el principio de un largo camino, porque hay que aprobar un expediente, modificación ordenanzas, conceder la licencia y contratar las obras. Olegario Ramón afirma que el grupo de gobierno solo ha aprobado un «anuncio para presumir. Con suerte, habrá un cartel antes de las elecciones. Nada más», vaticinó.
Así los concejales socialistas votaron “no”. Desde el grupo de gobierno, la portavoz del PP, Lidia Coca, puso énfasis en el avance de un “hito fundamental” del mandato y dijo no comprender este voto contrario del PSOE, que se sigue oponiendo a todo:»les duele, les fastidia». Su socio de gobierno, el bercianista Iván Alonso, incidía en la calificación de “hito” y demandaba, ahora, otro plan de vivienda para los pueblos.
Antes, el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada subía el segundo escalón –falta otro- para aprobar, provisionalmente, la ordenanza que regulará la retirada de vegetación en las fincas alrededor de los pueblos y en lugares con riesgo de incendio forestal. Solo el PSOE se abstuvo. El texto determina las obligaciones de los dueños de esos terrenos para desbrozar, como destacó Lidia Coca, que aprovechaba para una defensa pública del concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, cuestionado semanas atrás por la oposición, ante la prórroga otorgada a los contratos de los principales servicios públicos.
Previamente, la corporación municipal de Ponferrada había dado el visto bueno al dinero para montar un sistema de seguridad en el edificio de la plaza de abastos. Cuesta trece mil euros. La Junta de Castilla y León aportará diez mil. Y adhesión de Ponferrada a la novedosa Red Española de Capitales de la Cultura.
Y al final, generó polémica la moción de Vox, que se aprobó con el voto del PP, que defiende la españolidad de Ceuta y Melilla y reclama la expulsión de las personas que entraron ilegalmente desde Marruecos. El debate empezó con la categórica exigencia de la portavoz de Vox de darles «una patada en el culo y de vuelta a su país». El PSOE advirtió que esa medida supondría una ilegalidad.
