Después de los desastrosos siniestros de este verano, el gobierno autonómico anuncia que el operativo tendrá carácter público, será atendido con personal profesional y trabajará durante todo el año. Y además, mejorarán sus salarios y sus condiciones laborales.
Estas decisiones forman parte de una propuesta que ha preparado la Junta, que habla de «avances históricos en materia de profesionalización, estabilidad y reconocimiento», y que presentaba en las últimas horas el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago.
Su propuesta contempla la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B; la consolidación de un dispositivo estable durante todo el año; el reconocimiento de la calificación de Bombero Forestal; el carácter público de dicho dispositivo, y las mejoras en la carrera profesional y la formación de estos empleados públicos. Son medidas que, según el consejero, permitirán «dar un paso firme en la modernización y profesionalización de un colectivo esencial para la protección de nuestro entorno natural, y lo hacemos reconociendo su nivel de responsabilidad, dignificando su labor, y ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional”.
En el caso del personal laboral, la Consejería de la Presidencia de la Junta plantea el objetivo de garantizar la conversión de los actuales puestos de fijos discontinuos del dispositivo de incendios, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa durante todo el año. Esta medida afectará a las Categorías de Operador del centro de mando, Oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, Vigilante de incendios, y Peón de montes y extinción. En este sentido, se considerará como actividad en incendios no solo la extinción, sino también la prevención, el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con el fuego, la vigilancia, la detección, y la posterior restauración de la masa forestal afectada. A juicio del consejero González Gago, «este cambio supondrá una mejora sustancial en la estabilidad del empleo público, en la eficacia del operativo, y en la planificación de las campañas».
En paralelo, la Consejería de la Presidencia estudia convertir al personal laboral en funcionario, una medida de la que se podrán beneficiar los empleados públicos pertenecientes a la categoría profesional de Celador de Medio Ambiente, que podrán pasar a ser Agentes Medioambientales mediante promoción interna.
La propuesta de la Junta también asume el reconocimiento oficial de la calificación de Bombero Forestal para todos los empleados públicos que desempeñan funciones vinculadas directamente a la extinción, vigilancia, detección, mantenimiento de infraestructuras y restauración del medio natural. Asi se atiende una «demanda histórica del sector», señaló Luis Miguel González Gago, quien justificó la decisión en la «dureza, especialización y riesgo de sus funciones: es una cuestión de justicia profesional, y también de compromiso con un servicio público clave para la seguridad de todos». El reconocimiento de Bombero Forestal llevará aparejada la aplicación de coeficientes reductores para poder optar a la jubilación anticipada, como medida de mayor protección social.
Asimismo, la Junta adquiere el compromiso de modificar la naturaleza de todo el dispositivo de incendios de la Comunidad para que se desarrolle totalmente por profesionales del sector público, salvo casos excepcionales que requieran servicios especializados privados, como pilotos, mecánicos de medios aéreos o conductores de maquinaria pesada. Esta medida se implantará de forma paulatina entre los años 2026 y 2028.
Todas esas medidas afectarán a casi 2.200 empleados públicos de la Junta de Castilla y León que actúan en el ámbito de los incendios forestales. Ahora, el gobierno autonómico espera que sean aceptadas por los representantes de los trabajadores para poder aprobarlas antes de fin de año.
