Es la posición manifestada por el consejero de Economía y Hacianda de la Junta de Castilla y León. Como no hay minas de carbón en activo, el gobierno autonómico no ve necesario, al menos de momento, abrir alguna investigación para comprobar si hubiera algún vínculo con las empresas asturianas que, se ha constatado, estaban sacando carbón ilegalmente en el Principado, y en explotaciones como la mina de Cerredo, donde se registró el trágico accidente que mató a cinco mineros de Laciana y Bierzo, el pasado 31 de marzo.
Cuando en Asturias se han constatado indicios de ese aprovechamiento ilegal de carbón, para un mercado ilícito, al sur del Principado, no hay sospechas ni evidencias, decía el consejero Carlos Fernández Carriedo.
El también portavoz de la Junta insistía, por otro lado, en que continua bloqueada la solicitud para reabrir la mina de Sosas de Laciana, en Villablino, que tramitó la empresa “Cristal Mining Coal”, del mismo grupo de “Blue Solving”, propietaria de la mina de Cerredo. Los promotores no han presentado los documentos que se habían pedido. «Mientras no esté toda la documentación y se garantice toda la seguridad, no se tramitarán permisos», aseveró.
Y así lo manifestaba en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León que, este jueves, liberaba dos aportaciones que suman 3’8 millones de euros, para el Bierzo. Por un lado, dos millones trescientos mil euros para el Consejo Comarcal. Es la cantidad anual destinada a los llamados gastos corrientes y de funcionamiento. Es igual a la del año pasado.
Y, por otro, un millón y medio de euros para las obras de infraestructura y caminos que quedaron pendientes en la concentración parcelaria entre Noceda del Bierzo y Quintana de Fuseros. Este proyecto de la Consejería de Agricultura prevé la adecuación de una red de caminos rurales de más de 76 kilómetros de extensión y un total de 24 entronques con las dos carreteras provinciales que atraviesan la zona, además de la renovación del sistema de drenaje y canalización del regadío.
El plazo previsto para la ejecución de esos trabajos es de un año y medio, 18 meses. Así se atiende una antigua demanda de los vecinos que, por fin, dispondrán de acceso adecuado a las fincas de reemplazo resultantes de aquella concentración parcelaria.
La intervención beneficiará a los agricultores y las localidades de Noceda, Cabanillas de San Justo, San Justo de Cabanillas, Robledo de las Traviesas y Quintana de Fuseros.
