La Comisión de Investigación del accidente de la mina de Cerredo ve responsabilidad política en el siniestro que provocó la muerte de cinco mineros de Laciana y el Bierzo, hace algo más de un año. Señala, directamente, a tres ex consejeros y un ex viceconsejero de Industria del Principado de Asturias; y a tres funcionarios, dos del servicio de minas y un jurídico. Además, plantea que el Ejecutivo asturiano adelante las indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Así se desprende del borrador de conclusiones. El documento, de 64 páginas, considera que el accidente fue fruto de una “cadena de decisiones administrativas deficientes, de omisiones de control y de una actividad de extracción clandestina”. En su presentación, la presidenta de la Comisión de Investigación, Covadonga Tomé subrayó que el fatal accidente se podía haber evitado.
Homenaje en Villablino a los mineros fallecidos al cumplirse el primer año.
El dictamen de la Comisión de Investigación es tajante. Ve responsabilidad de tres ex consejeros: Belarmina Díaz que ostentaba el cargo en el momento del siniestro; y de Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa y Nieves Roqueñí, directora del puerto de Gijón, para los que exige el cese inmediato.
El borrador de la Comisión de Investigación plantea recomendaciones. Entre ellas, que el Principado de Asturias asuma anticipar las indemnizaciones a las víctimas y sus familias.
El borrador de la Comisión de Investigación del accidente de Mina de Cerredo deberá someterse, ahora, al debate de los grupos parlamentarios, que podrán realizar nuevas aportaciones.
