El inicio del curso político en el Ayuntamiento de Ponferrada evidenció tensión desde el principio y alcanzó su punto álgido cuando el alcalde, Marco Morala, expulsó del pleno a la portavoz de Vox, Patricia González, por llamar «sinvergüenzas» a los concejales del equipo de gobierno y, luego, negarse a retirar este calificativo que Morala consideraba “un insulto”. Antes, la oposición de PSOE y Vox volvía a bloquear las previsiones inversoras de este año.
Con ese ambiente caldeado, la portavoz de Vox empleó su intervención para denunciar que el Ayuntamiento quiere dejar sin dinero el programa de lucha contra la soledad no deseada. A partir de ahí vino lo demás. El alcalde pronunciaba tres llamadas al orden, desoídas por Patricia González, quien solo aceptó rectificar cuando Marco Morala había ordenado su expulsión. Cariacontecida e incrédula, la concejala de Vox se levantó y se tuvo que ir. Aún desde el espacio destinado para el público, Patricia González aún profirió alguna frase antes de salir del salón de sesiones.
En el equipo de gobierno, el bercianista Iván Alonso aplaudía la decisión disciplinaria tomada por el alcalde y el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, que en ese momento ejercía como portavoz del Partido Popular –ya que se debatían asuntos económicos-, decía que la portavoz de Vox había acabado con la paciencia de la primera autoridad local y añadía que, con estas afirmaciones, veía que «ya estamos en campaña electoral». Finalmente, desde la oposición del PSOE, el portavoz Olegario Ramón añadía que en el pleno de la corporación se habían vertido peores ataques en anteriores ocasiones, sin este resultado sancionador. Insinuó un doble rasero en el alcalde y cuestionó su capacidad democrática, porque así podría aprobar el asunto que se discutía, utilizando su voto de calidad.
Y, en efecto, a continuación, con el voto de calidad de Marco Morala, se aprobó una modificación presupuestaria que permitirá regular el gasto de más de novecientos mil euros con los que se costearán el servicio de autobuses urbanos y aportaciones de fondos a la Fundación del Hospital de la Reina, la Asociación Berciana de Agricultores y colectivos culturales y deportivos.
Antes, la oposición de PSOE y Vox volvía a bloquear las previsiones inversoras de este año en el Ayuntamiento de Ponferrada, al rechazar la modificación económica que sería necesaria porque no hay presupuesto aprobado. Esta decisión puede poner en peligro la aportación municipal a proyectos que ya tienen subvenciones europeas, estatales o autonómicas, como la Rehabilitación Urbana de La Puebla; el Centro de Innovación de la calle Ancha; la mejora de la margen derecha del río Boeza; el plan para la renovación del alumbrado encomendado a Somacyl; el proyecto de ampliación del Parque de Bomberos, con una nueva nave y mejora de sus equipamientos; o el abono de las cantidades comprometidas por la compra del solar de la calle Obispo Osmundo que se debe terminar de pagar en 2027. El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, avanzó que los ciudadanos serán «los perjudicados».
Liquidación del anterior contrato con FCC
Con la abstención de PSOE y Vox, la corporación de Ponferrada aceptó pagar algo más de ochocientos mil euros a la empresa FCC, en concepto de liquidación de los contratos de limpieza, recogida de basuras y mantenimiento de jardines del municipio, entre 2018 y 2022 –un periodo marcado por las denuncias y críticas sobre la mala calidad del servicio-. Dicha cantidad está muy lejos de los siete millones que reclama la empresa. Por eso, ya se puede vaticinar que este asunto acabará en los tribunales.
A nivel político, el mismo debate. El PSOE censuraba que el alcalde exageró, en su día, a la hora de denunciar las «deudas heredadas». La portavoz del PP, Lidia Coca, defendió que el cálculo ha sido hecho por los técnicos del Ayuntamiento y da por hecho que la reclamación terminará con denuncia en la Justicia.
Y, además, reconocimientos.
Sin más problema, el Ayuntamiento de Ponferrada puso el nombre de «Camino del Corralón» a un vial de San Andrés de Montejos. También añadía al Parque de la Concordia el nombre «Diputado Manuel Ángel Fernández Arias». Y acordó bautizar el Centro de Innovación en obras, en la calle Ancha, con el nombre de Mario Tascón.
Y más homenajes: medallas al mérito de la Policía Municipal, con distintivo de plata, a dos guardias civiles y un policía nacional: el comandante de la Guardia Civil de Ponferrada, Juan José Cadenas Vidal; y el Sargento Primero, Óscar Rodríguez Ovalle; además del subinspector Jefe del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, José Martínez Rodríguez. Se entregarán el próximo día 29, en las celebraciones de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Municipal.
Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada dio el visto bueno, con la abstención de PSOE y Vox, a la creación de una comisión de seguimiento para el contrato de la ORA, pagar por aparcar. También se designaba a la concejala de Presidencia, Lidia Coca, como representante de Ponferrada en una comisión con la Universidad, que se encargará de revisar sus acuerdos de colaboración. Ese momento sirvió para oír el alegato de Coalición por el Bierzo para la defensa del campus universitario de Ponferrada y exigiendo la implantación de los estudios de Medicina, desde el primer curso porque el campus «debe aumentar la matrícula de 800 alumnos, cifra que triplican otros campus periféricos», argumentó el portavoz bercianista Iván Alonso.
